Fecha
21/06/2026
Manuel Marrero Cruz
Tony Hernández Mena
Intervención de Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República de Cuba, en la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura
(Versiones Taquigráficas - República de Cuba)
Compañero General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana;
Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República;
Compañero Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado;
Comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura;
Queridas diputadas y diputados;
Compatriotas:
Como todos conocemos, nuestro país enfrenta uno de los momentos más complejos desde el Periodo Especial. Se ha producido una combinación de medidas coercitivas estadounidenses que no tiene precedentes en la historia contra Cuba, llegando, incluso, a la interrupción del suministro de combustibles y de todas las fuentes de ingresos en divisas del país, lo que lógicamente ha incidido de manera significativa en el deterioro e inestabilidad de la infraestructura energética y con ello la calidad de vida de millones de cubanas y cubanos.
Nunca hemos negado errores e insuficiencias propias; sin embargo, este conjunto de factores ha influido de manera sostenida en la implementación efectiva de las transformaciones a nuestro Modelo Económico y Social aprobado desde el Sexto Congreso del Partido, en el año 2011, que tuvo resultados positivos hasta mediados del 2019 cuando se produjo el recrudecimiento sustantivo de la política de sanciones adoptada por el Gobierno de los Estados Unidos, reforzada a inicios de enero del año 2025.
En ese contexto, el Partido y el Gobierno, en ejercicio legítimamente soberano, han venido impulsando medidas para reactivar la economía y corregir distorsiones, proceso que se ha fortalecido con la aprobación del Programa Económico y Social del Gobierno, validado por nuestro pueblo mediante consulta popular.
En el escenario actual, tomando como referencia directa esta savia, este sentir popular, hemos decidido proponer transformaciones de impacto estratégico en el Modelo Económico y Social de la nación, sin que ello implique renunciar a la preservación de las principales conquistas de la Revolución.
Las transformaciones que les presentaremos encuentran su primer fundamento en el pensamiento del Comandante en Jefe, no como renuncia a la construcción del socialismo, sino como condición para su preservación. En el año 1993, en medio del Periodo Especial, advirtió: “Hoy la vida, la realidad, la dramática situación que está viviendo el mundo, este mundo unipolar, nos obliga a hacer lo que de otra forma no habríamos hecho nunca si hubiésemos tenido capital y si hubiésemos tenido tecnologías para hacerlo”.
Sin renunciar jamás al socialismo, estas transformaciones han sido diseñadas partiendo del principio rector de hacer lo necesario para conservar lo esencial.
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La ampliación de la participación de todos los actores económicos en igualdad de condiciones, y de la inversión extranjera, o la admisión de los mecanismos de mercado como instrumentos de asignación de recursos, no constituyen, bajo esta lógica planteada, una claudicación, sino el ejercicio soberano de adecuar los instrumentos del desarrollo a las circunstancias concretas que vive el país.
El General de Ejército Raúl Castro Ruz en la conducción del proceso de dirección de la actualización del Modelo Económico y Social cubano, formalizado en los Lineamientos y en la Conceptualización aprobados en los últimos congresos del Partido, basa su premisa en no ser dogmáticos ni inmovilistas; en desterrar la asociación mecánica entre socialismo e igualitarismo, y en reconocer que la planificación socialista no excluye, sino que debe incorporar y regular, las reglas del mercado.
Compañeras y compañeros:
Para la elaboración de las propuestas de transformaciones se consideraron las indicaciones del General de Ejército y del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República; el Programa Económico y Social del Gobierno 2026; la propuesta de actualización de la Conceptualización del Modelo Económico y Social, y los acuerdos del Congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba.
También se tuvo en cuenta el resultado de las consultas a 46 compañeros, que incluyó a los principales cuadros del Estado y del Gobierno, a los jefes de entidades nacionales, a presidentes de OSDE, a expertos y académicos; a representantes de las comisiones económicas del Partido y de la Asamblea Nacional, de la ANEC, a economistas y a 87 miembros de la Estructura Auxiliar del Comité Central del Partido.
Se recibieron 390 propuestas, aceptándose el 66,7 %; el resto se corresponde con el proceso de implementación posterior, otras valoraciones positivas que se hicieron del documento, así como aspectos que no constituyen transformaciones en sí.
Como resultado del análisis de las propuestas de transformaciones realizadas en el Buró Político, fueron incorporadas al documento 69 recomendaciones.
En el día de ayer, como expresó el compañero Lazo, se realizó un amplio debate en la Sesión Extraordinaria del Pleno del Comité Central del Partido, cuyas propuestas y reflexiones se analizan para enriquecer este documento.
El documento que se presenta recoge 176 propuestas de transformaciones agrupadas en 23 ejes fundamentales de la vida económica y social del país.
Entre las principales transformaciones que se proponen como parte del Sistema de Dirección de la Economía están las relacionadas con el modelo de gestión de los actores económicos. Dentro de ellas, para la empresa estatal socialista, se decide:
Ampliar las facultades del sistema empresarial estatal, en aras de que opere con mayor autonomía y en similares condiciones con el resto de los actores económicos, lo que incluye la realización de cualquier actividad lícita, sin abandonar el objeto social principal. En lo adelante, lo que se apruebe al resto de los actores se aplicará a la empresa estatal socialista.
Descentralizar al sistema empresarial la facultad de aprobación de los precios mayoristas y minoristas. En la formación se tendrán en cuenta los costos, gastos, tendencias del mercado, cadenas de valor y las relaciones verticales y horizontales entre los diferentes actores económicos.
Redimensionar las organizaciones superiores de dirección empresarial (OSDE), sin incluir funciones estatales ni aquellas que son propias de las empresas.
Es primordial tener claro que por el hecho de que las empresas estén integradas en organizaciones superiores de dirección empresarial no pueden perder la autonomía en su gestión y funcionamiento.
Facultar a las OSDE para la creación de empresas y mipymes estatales y, a su vez, a las empresas para la aprobación de sus empresas filiales y mipymes estatales, y a ambos actores –a las OSDE y a las empresas– se les faculta para que decidan la fusión, la extinción, liquidación y otros movimientos organizativos, según corresponda. Hoy todas estas facultades están centralizadas en el Ministerio de Economía y Planificación.
Además, se facultará a las OSDE para que ellas mismas definan sus propias estructuras y plantillas, así como para agrupar cargos administrativos o subcontratar servicios.
Se flexibiliza lo establecido para que la empresa apruebe el destino de las utilidades después de pagar los impuestos.
Actualizar las funciones y facultades de las Juntas de Gobierno para hacer más flexible su funcionamiento.
Permitir el acceso al mercado cambiario en las nuevas condiciones, derivadas de la implementación de estas transformaciones, a las estructuras empresariales que participan en las cadenas de suministros.
Se descentraliza para el sector empresarial la definición de sus propias escalas salariales. Los niveles de salarios negociados con los trabajadores y con la participación del sindicato solo dependerán de la capacidad económica y financiera de las empresas.
Se propone cambiar la relación del Presupuesto del Estado con el sistema empresarial, lo que incluye la revisión y eliminación gradual de la carga financiera y los subsidios a las empresas.
Para que se tenga una idea, el Presupuesto del Estado subsidia con 92 500 millones de pesos al sistema empresarial; de ellos, el 50 % está destinado exclusivamente a subsidiar la tarifa eléctrica.
Se faculta a los Gobiernos Provinciales y a los Consejos de la Administración municipales para la creación, constitución, fusión, extinción y liquidación de empresas estatales locales y el resto de los movimientos organizativos. Con esto los municipios quedan facultados para aprobar los actores económicos estatales y no estatales en su demarcación.
Reducir al mínimo imprescindible los indicadores para poder medir la eficiencia del sistema empresarial estatal.
Permitir y fomentar que las empresas, incluyendo las privadas, puedan realizar inversiones financieras.
Diseñar instrumentos financieros que permitan la capitalización de las empresas sin la participación del Presupuesto del Estado.
Implementar un programa nacional de valoración y titulación de activos empresariales estatales. Ello se refiere a los conocidos avalúos como método para definir el valor real de nuestros activos, y para ello se propone realizar un inventario nacional de activos tangibles e intangibles del sistema empresarial con valoración de mercado.
Emitir certificados de propiedad ejecutables que puedan constituirse en garantía colateral para créditos bancarios.
Permitir que las empresas estatales moneticen activos subutilizados mediante arrendamiento a largo plazo a diferentes actores de la economía y a la inversión extranjera.
Se propone diseñar un sistema empresarial eficiente y competitivo que genere ingresos para el apoyo a los servicios de los organismos del sector social. Ello permitirá sumar otras vías de ingreso, sin eludir la responsabilidad que tiene el Presupuesto en sustentar nuestro sistema de Salud, Educación, Cultura y Deporte.
Se define establecer procedimientos para la quiebra, liquidación y reestructuración de activos con pérdidas sostenidas en el sector empresarial.
Una propuesta empresarial de gran trascendencia que se hace es transformar a la empresa estatal socialista en sociedad mercantil, por acciones o participaciones. Para ello el Estado definirá su participación accionaria en los sectores de la economía, garantizando en los estratégicos su presencia mayoritaria.
Las empresas estatales podrán comprar acciones a otras empresas; también podrán comprar acciones las formas de gestión no estatal y personas naturales, en la gradualidad que así se defina. Para este proceso será necesario clasificar las empresas.
En el particular de las formas de gestión no estatal y cooperativas agropecuarias se propone autorizar la creación de las mipymes y cooperativas no agropecuarias pendientes de aprobación en la plataforma de actores económicos, proceso que ha sido muy dilatado.
Hasta el momento han sido aprobadas 12 751 mipymes no estatales, y se encuentran en diferentes etapas y procesos 7 254 solicitudes, de las que se han certificado y se actualizan por los solicitantes 3 505 –es decir que retornaron–, y las demás serán aprobadas en lo que resta de mes.
Se les ha pedido a los solicitantes que están actualizando esas 3 505 que, una vez que concluyan, nos las vuelvan a presentar para hacer un análisis expedito para su aprobación, porque necesitamos seguir sumando nuevos actores que produzcan, que presten servicio.
Reducir con ello los requisitos, los trámites y términos para la creación, conversión y operación de las formas de gestión no estatal, incluso definiendo y quitando en algunos casos la aprobación administrativa y que así los tiempos se minimicen.
Permitir la contratación de más de 100 trabajadores. Las mipymes hoy tienen un límite hasta 100 trabajadores, pero a partir de esta cifra se clasificarán no como mipymes, sino como empresas privadas.
Permitir que una persona natural pueda ser titular de más de una empresa privada. Hoy solamente puede tener una mipyme; con esta decisión puede ser titular de más de una.
Ampliar las formas societarias bajo las que puedan organizarse las empresas privadas, incluyendo sociedades anónimas por acciones, al igual que ya expresamos para la empresa estatal.
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Permitir que una misma persona cuente con participación accionaria en más de una empresa privada. O sea, puede ser titular de dos o más empresas privadas, pero puede tener acciones o participación en varias empresas o mipymes.
Conceder derechos reales, en usufructo y superficie, a empresas privadas o cooperativas, con el fin de realizar inversiones para el desarrollo de sus actividades productivas o de servicios. Hasta el momento eso está totalmente prohibido, y es por eso que muchos de los negocios se hacen en las propias viviendas de las personas. Con esta decisión pueden solicitar un terreno y pueden construir el inmueble que requieren para desarrollar su actividad comercial.
Permitir que la forma de gestión no estatal desarrolle otras actividades productivas y de servicios sin abandonar su actividad principal, es decir, eliminar ese objeto social complementario o secundario.
Reducir la lista de actividades prohibidas para los actores económicos no estatales.
Nosotros estamos concluyendo la actualización del Decreto 107, que hoy contempla –y está vigente hasta este momento– 125 actividades no autorizadas a ejercerse por las diferentes formas de gestión no estatal. Como parte del proceso, que ya está concluyendo, se ha identificado que pueden ser eliminadas unas 70 prohibiciones de las actuales.
Con la decisión de flexibilizar y reducir al mínimo los términos para la aprobación de estos actores no estatales se requerirá revisar la Plataforma de Actores Económicos, con el empleo de inteligencia artificial, garantizando en todo momento su transparencia, trazabilidad y agilidad.
Transformar la estructura institucional y las formas de propiedad y gestión de la base productiva del sector agropecuario. Permitir en ese sector las empresas privadas en la actividad agropecuaria. Hasta ahora conocemos las cooperativas, hay productores que tienen hasta más de 300 trabajadores agrícolas y, sin embargo, no están organizados; con ello hay que reconocer que son empresas agropecuarias.
Desarrollar un mercado de insumos con la participación de todos los actores y con la posibilidad de acceder al mercado cambiario.
Crear una Plataforma Nacional para Encadenamientos Productivos que establezca la obligación de las empresas de publicar sus necesidades, sus proyectos, necesidades de insumos, de subcontratación, así como el otorgamiento de incentivos fiscales por los niveles de compra de los productos nacionales.
Paso ahora a las transformaciones en las relaciones de propiedad, así como las diferencias entre propiedad y gestión:
Primero, se ratifica la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción y se avanzará en la gestión no estatal sobre estos medios.
Permitir la compra de acciones de empresas estatales por parte de personas jurídicas estatales y no estatales, nacionales y extranjeras, así como personas naturales.
Permitir la venta de propiedades estatales a personas jurídicas y naturales nacionales y extranjeras, incluyendo a cubanos residentes en el exterior, siempre que se demuestre el origen lícito de los fondos.
Crear un programa de inversión que incentive la participación de empresas cubanas, tanto de cubanos residentes en el país como en el exterior.
Reconocer el crecimiento legítimo del patrimonio financiero y material de las personas jurídicas y naturales. Es lógico que si estamos dando la oportunidad de incrementar los negocios, de ser propietarios de más empresas, se reconozca ese crecimiento legítimo del patrimonio tanto financiero como material.
Se define garantizar la protección de los derechos laborales y sociales sin permitir la explotación indiscriminada del hombre por el hombre.
Sobre las transformaciones en el sistema de planificación de la economía se propone:
Perfeccionar la planificación de mediano y largo plazos, enfocada en el diseño del desarrollo, priorizando los equilibrios macroeconómicos; reducir problemas estructurales y dar señales de política para los diferentes actores económicos.
Incorporar en las proyecciones del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030 y en las Estrategias de Desarrollo Provincial y Municipal las actividades económicas, comerciales y de servicios de los actores económicos no estatales, de los cuales hemos reconocido que hoy no existe un control claro de todo lo que producen y de todo lo que hacen, y, por tanto, con esto se incorporan, se reconocen e incluso se incluyen en la planificación estratégica, territorial y local.
Es vital transformar el sistema de planificación a partir de las facultades que se otorgan con estas transformaciones a los diferentes actores, en la búsqueda de recursos materiales y financieros. Es por ello que se propone transitar hacia un modelo de planificación financiera donde el Estado abandona progresivamente la distribución física de recursos, dando mayor participación a las señales del mercado.
Las empresas estatales accederán de forma descentralizada a insumos, divisas, combustibles y otros recursos para su producción a través de mecanismos de mercado. Lo que pueda adquirir el Estado tendrá como destino ir priorizando todas las instituciones y los servicios sociales, y, por tanto, todo el sistema empresarial estatal y no estatal tiene que a partir de su gestión y sus propios recursos ir buscando satisfacer sus demandas.
El encargo estatal se ejecutará mediante un esquema contractual entre entidades oferentes y demandantes.
El proceso de planificación deberá tener presente la satisfacción de la demanda del mercado interno; sean cuales sean los actores, hay que tratar de tener en cuenta y producir lo que se demanda en el país.
Mantener los balances fundamentales de la economía. Tenemos que tener un control elemental, tanto los balances agroalimentarios, los de divisas, los energéticos como el Presupuesto del Estado, convirtiéndose en instrumentos de diagnóstico, anticipación y corrección de políticas.
Ampliar los límites de aprobación de las inversiones a partir de la descentralización de las facultades a las empresas estatales, a las sociedades mercantiles y a inversión extranjera. ¿En función de qué? De las capacidades propias, tanto financieras como del acceso a recursos. Es decir que no sea ese nivel tortuoso para hacer una inversión; si usted dispone, genera los recursos, puede decidir hacer esa inversión.
Con relación a las transformaciones y redimensionamiento del sector presupuestado se propone, sobre todo, el redimensionamiento de la Administración Central del Estado.
Ya circula una propuesta de ley que trae implícita una reducción sensible de ministerios, lo que incluye, además, la reducción y disminución de todas las estructuras presupuestadas del Estado y del Gobierno.
Lo anterior también impactará en el redimensionamiento de las estructuras y plantillas de las administraciones territoriales y locales.
Sobre el fortalecimiento y la autonomía de los municipios se proponen transformaciones. Ese empoderamiento del municipio, esa necesidad de lograr la autonomía en los municipios, estamos proponiendo que parta de descentralizar, desde los diferentes niveles –la nación, la provincia– hacia los municipios, lo siguiente: la planificación estratégica; el ordenamiento territorial y urbano; la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional; los servicios comunales; el fomento del desarrollo económico local, que incluye diversificar y fortalecer su tejido productivo, que considera la participación de los diferentes actores económicos, cubanos residentes en el país o en el exterior, que incluye los sistemas productivos locales.
También la capacidad de exportar e importar directamente, así como generar y retener las divisas para los gastos corrientes y de capital en el propio municipio.
Estimular y gestionar inversión extranjera directa que la puedan aprobar los propios municipios sin necesidad de otros trámites.
Gestionar administrativamente los recursos humanos del municipio; gestión presupuestaria financiera y tributaria local; gestión ambiental y enfrentamiento al cambio climático; atención social y prestación de servicios sociales; la gobernanza, el control popular y la participación ciudadana, y la gestión de proyectos del conocimiento y la capacitación.
Estas transformaciones facultan a los municipios para que aprueben inversiones, al igual que las empresas, en correspondencia con su estrategia de desarrollo, que incluye gestionar proyectos de cubanos residentes en el país y en el exterior, y definir modalidades de crédito que respalden su planificación estratégica.
Crear fondos en los municipios a partir del aporte de las utilidades del sistema empresarial, ya sea estatal, privado o cooperativo, y de la participación accionaria; porque un municipio, aparte de tener empresas municipales, va a poder comprar acciones a empresas estatales y tener una participación. Y todos esos dividendos formarían parte de este fondo de desarrollo donde cada uno de los que participan en él puede presentar proyectos para el desarrollo y fomento de las actividades del territorio.
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Se eliminan las delegaciones de la agricultura a nivel municipal y provincial y se crea una estructura en los territorios.
¿Cómo quedaría esto? Hay que decir que hoy se tergiversan totalmente las funciones de esas delegaciones de las provincias y los municipios, que más que cumplir las funciones estatales para las cuales están diseñadas, hacen gestiones hasta empresariales.
¿Cómo quedaría en las provincias y en los municipios la subordinación nacional, es decir, al Ministerio de la Agricultura? Se crearán unas estructuras, unas oficinas que se van a encargar de la conducción de la política estatal sobre el uso de la tierra y el control estatal del ganado; y a la subordinación municipal corresponde la conducción de la política, el fomento y el control de la producción de alimentos.
Con las mismas personas que tenemos hoy da para hacer esa oficina nacional para controlar la tierra y el ganado, y también para que los municipios puedan disponer de una estructura que controle, que fomente la producción de alimentos a los diferentes actores y formas productivas.
Diversificar los mecanismos y vías para la captación de ingresos en los municipios en aras del fortalecimiento de su gestión y desarrollo.
Consolidar el sistema económico local con la participación de los diferentes actores.
Establecer el pago de la recogida de desechos sólidos urbanos. Es importante y, a pesar de la compleja situación, tenemos que seguir buscando fórmulas alternativas y garantizar la higiene de nuestras ciudades.
Se propone cobrar y aplicar tarifas diferenciadas, sin subsidios, para que todos los actores de la economía, estatales y no estatales, paguen los servicios de recogida de desechos sólidos. Y a la población, tarifas subsidiadas para los hogares, según sus niveles de ingresos y con la garantía de que se recojan los mismos.
Transformar los requisitos y la gestión de los proyectos de desarrollo local. Se debe incentivar mayormente que los proyectos económicos y productivos transiten hacia otras formas de gestión estatales y no estatales.
Reconocer la capacidad asociativa entre municipios para la solución de problemas comunes. Hoy tenemos grandes municipios con muchos recursos y pequeños municipios que tienen poca actividad productiva y pueden asociarse. Incluso, puede que dos municipios decidan determinados servicios y producciones que estén localizadas en un territorio y sus producciones estén destinadas a ambos municipios. Hoy existen ejemplos de ello, pero se reconocería y se generalizaría dondequiera que sea útil para ambos municipios.
Ante la compleja situación energética, se han implementado un grupo de acciones como parte del Objetivo General No.9 del Programa de Gobierno, a las que ahora proponemos añadir las siguientes transformaciones energéticas:
Permitir la participación del capital privado y extranjero en la importación y comercialización de combustibles, incluida la red minorista. Hemos abierto, hemos quitado todas las trabas para que todas las formas de gestión que así puedan, adquieran combustible y lo comercialicen en el país.
Ampliar y reestructurar la gestión de la red de servicentros, incluidos servicentros móviles. Para ello, establecer los servicentros gestionados por los diferentes actores económicos, que estos incorporen sistemas fotovoltaicos con acumulación para que los mismos se independicen del sistema electroenergético nacional, y estimular la instalación de solineras para comercializar el servicio de carga para vehículos eléctricos.
Ya se están implementando fórmulas donde algunas mipymes están operando servicentros, otras están solicitando hacer servicentros, traer servicentros móviles. Lo que sí estamos pidiendo es que todo el que lo vaya a hacer traiga su sistema fotovoltaico para que no sea una carga adicional. Y, además, servicentros que hoy llevan años cerrados, que están en diferentes instituciones empresariales del Estado, hemos pedido que los recuperen y que puedan operarlos.
Diseñar líneas de financiamiento, flexibilizar los requisitos y ampliar las garantías para el otorgamiento de créditos a las personas jurídicas y naturales que incentiven la transición energética, y estimular la inversión desde el lado de la demanda.
Permitir a las empresas estatales el uso de plataformas extranjeras para ejecutar pagos para la compraventa de combustibles.
Aplicar el impuesto físico o financiero de un 1 % a la importación de combustible, con destino a los inventarios operacionales para dedicarlo fundamentalmente a las instituciones sociales.
Reducir el impuesto en un monto equivalente a la inversión realizada a aquellos actores económicos, ya sea estatales o no estatales, que realicen por iniciativa propia inversiones con fuentes renovables de energía como parte de su responsabilidad social en centros de servicios a la población, sociales o de cuidado, incluyendo alumbrado público. Ya es conocido que varias mipymes y actores han ido poniendo sistemas a los policlínicos, a las funerarias, a los bancos. Y para estimular esto, ¿qué estamos diciendo? Todo el que haga ese tipo de inversiones, nosotros le damos la posibilidad de irle descontando de los impuestos el monto de las mismas.
En cuanto a la producción de alimentos, la que constituye otra prioridad recogida en el Programa de Gobierno en su Objetivo General No.3, se han concebido las siguientes transformaciones:
Modificar la gestión y uso de la tierra a todos los actores económicos; pero se deja claro mantener el principio de la propiedad de la tierra de todo el pueblo.
Se otorga el derecho real de usufructo sobre la tierra a las personas jurídicas, estatales, privadas, mixtas o naturales que lo soliciten, por tiempo indeterminado y la cantidad de áreas o tierras, según el proyecto que presenten y así se apruebe, para todas las producciones agropecuarias, forestales, tabacaleras, así como para proyectos de desarrollo de eco y agroturismo.
Lo anterior impacta en la propuesta de Ley de uso y posesión de la tierra, es decir, habría que ampliar un poco las limitaciones que impone la misma. Pero tiene que quedar claro un concepto: no podemos seguir imponiendo trabas y limitaciones a los que tengan la voluntad de hacer producir la tierra.
Facultar a la empresa estatal que administra la tierra, propiedad socialista de todo el pueblo, que puede entregarla en usufructo a los solicitantes mediante el correspondiente contrato, cumpliendo las normas legales. Hoy esas facultades no son de las empresas. Hoy son las empresas, e incluso cooperativas, las que tienen la responsabilidad de administrar esa tierra en nombre del Estado y del pueblo; pero para poder entregarla es un proceso burocrático de ahí para arriba. Entonces, ya directamente la empresa lo puede hacer.
También facultar la entrega de estas tierras de usufructo a las cooperativas de producción agropecuaria que así la administran, una vez, en este caso, que se apruebe en la asamblea general de las cooperativas y cumpliendo las normas legales vigentes.
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Eliminar los requisitos de trabajo directo y estable en la tierra por parte de los usufructuarios. Hoy una persona que pida tierra porque tiene recursos y quiere contratar gente que la produzca, si él tiene otro negocio y no puede dedicarse a la tierra, aunque pueda financiar e importar los insumos, no lo puede hacer, porque se exige que tiene que estar físicamente ahí. Con esto estamos eliminando esta prohibición, y todo el que pida tierra y pueda contratar personas e importar los insumos para producir con más eficiencia, lo permitiremos.
Evaluar la definición de los “colectivos laborales”, una fórmula que hoy está en la agricultura, donde funciona bien en algunas partes, en otras no, y la idea es reorganizar esto como una forma productiva y así proponer las transformaciones estructurales que ello demande.
Transformar el modelo de gestión de las cooperativas, para ello autorizarlas a importar y comercializar directamente los combustibles que necesitan para sí mismas.
Otorgar facultades a las cooperativas de realizar comercio exterior de forma directa, para que puedan hacer las exportaciones de los productos y también las importaciones de los insumos y tecnologías agropecuarias, es decir que puedan exportar e importar sin trámites superiores.
Permitir a las cooperativas gestionar directamente financiamientos externos para producciones exportables, que sustituyan importaciones y para inversiones.
Hoy, a veces, un financiamiento de un fondo internacional tiene que entrar por aquí, por La Habana, y se van buscando intermediarios hasta que cuando llega a la cooperativa, al lugar donde se va a desarrollar el proyecto, ya se ha invertido parte del dinero y no necesariamente en más producciones.
Permitir que las cooperativas abran cuentas bancarias en el exterior y en bancos cubanos, pueden abrir cuentas en divisas en el exterior y en nuestros bancos.
Flexibilizar la comercialización agropecuaria, reconocer el mercado en la formación de los precios.
Descentralizar y facultar la formación de precios de los productos agropecuarios a las entidades del sistema empresarial estatal agropecuario y al no estatal, a las cooperativas y a todos los productores.
La contratación y la concertación de precios de las producciones agropecuarias serán acordadas entre el productor y el comprador.
Homologar el régimen impositivo de todos los actores económicos que produzcan, transformen y comercialicen alimentos; estimular con estos regímenes impositivos a todo el que produzca.
Crear el Sistema Nacional de Información de Precios de los mercados de los productos agropecuarios, con publicaciones de precios de referencia en las diferentes plataformas digitales.
Diseñar incentivos para que todos los actores económicos comercialicen insumos agropecuarios en divisas y en pesos y que tengan acceso al mercado cambiario.
Fomentar la creación de mercados de insumos en divisas, donde participen personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras, con procesos simplificados.
Aprobar un régimen impositivo especial para todos los actores económicos que participen en estos mercados, con incentivos, con bonificaciones.
Crear los procedimientos bancarios que garanticen la ejecución de las transacciones en divisa de la venta de insumos a los productores y el pago a los proveedores en el exterior, mediante la utilización de POS para el pago por tarjetas magnéticas, transferencias, pagos en efectivo, comercio electrónico y otros instrumentos de pago autorizados.
Incrementar el financiamiento al sector productivo primario mediante la ampliación y descentralización territorial del Fondo de Fomento Agrícola, y la creación de un banco para el Fomento Agrícola.
Descentralizar a los municipios la utilización del Fondo de Fomento Agrícola, ajustado a las características del territorio, previa presentación de los proyectos que tributen a las Estrategias de Desarrollo, vinculados a la producción de alimentos.
La vocación humanista de la Revolución Cubana ubica al ser humano, su bienestar y desarrollo como centro y objetivo más importante. Por ello, en el diseño de estas propuestas consideramos trascendentes las siguientes transformaciones sociales:
Digitalizar y transparentar la gestión de las ayudas mediante el empleo de la plataforma Soberanía para la actualización en tiempo real del registro de las personas y familias en situaciones de vulnerabilidad, de manera que se sistematicen las diferentes formas de atención, su trazabilidad y el control público y gubernamental.
Esto se facilitará con la reciente actualización a partir de la visita a las personas identificadas en situaciones de vulnerabilidad multidimensional, o sea que ya se han visitado, se conoce y está identificada la cantidad de personas en esta situación.
Establecer que todos los actores económicos, estatales y privados, nacionales y extranjeros, como parte de su responsabilidad social a nivel comunitario, en el orden financiero, de recursos materiales y servicios, participen directamente en las actividades siguientes. (Hoy se hace por empresas, se hace por mipymes. Nosotros no estamos pidiendo que sea obligado, pero tenemos todo el mundo que sumarnos a concientizar y que todos los actores económicos en el país puedan participar, puedan apoyar estas instituciones sociales).
¿A cuáles nos referimos? Apoyar el pago de las pensiones mediante convenio con los bancos. El trabajo –que es un problema hoy no resuelto– que pasan esos ancianitos que tienen su pensión, la cobran por una tarjeta, pero tienen dificultad para hacerla efectiva y poder adquirir productos elementales, y ya hoy hay experiencias en la cuadra, una mipyme, un trabajador por cuenta propia, una empresa le está pagando el efectivo y el Banco le descuenta de los impuestos a esa forma de gestión lo que le entregó al pensionado.
También respaldar los comedores del sistema de atención a las familias y hogares de alimentación comunitaria. Una mipyme quiere gestionar un SAF manteniendo el servicio a esos ancianitos y quiere vender adicionalmente otras cosas en su beneficio, estamos de acuerdo, siempre que se mantenga el destino social y la atención a estas personas.
Apoyar hogares de niños sin cuidado parental.
Apoyar hogares de ancianos, maternos, casas de abuelos y otros centros sociales.
Establecer precios diferenciados, descuentos, incluso gratuidades, o cupones solidarios para personas en situaciones de vulnerabilidad.
Atender personas en situaciones de vulnerabilidad multidimensional identificadas por los gobiernos locales.
Apoyar el transporte social y sanitario.
Respaldar instituciones de la Salud Pública y los centros educacionales.
Contribuir a la higiene comunal y al saneamiento de zonas críticas.
Destinar productos básicos a instituciones sociales.
Crear módulos básicos mensuales para personas y familias en situaciones de vulnerabilidad.
Ofrecer empleo, capacitación y aprendizaje a este tipo de personas.
Crear fondos de emergencia local con aportes privados.
Habilitar locales privados como puntos de acopio y distribución en situaciones de emergencia.
Apoyar servicios funerarios para familias sin recursos.
Impulsar ferias y ventas populares en comunidades en situaciones de vulnerabilidad.
Fortalecer el trabajo social con un enfoque proactivo y preventivo a partir de jerarquizar su labor en los municipios.
Dotar de activos de pequeña escala para el desarrollo de actividades no estatales a personas en situaciones de vulnerabilidad multidimensional, como vía para incorporarse al empleo y superar esta condición. Así que más que estimular, asistenciar a personas que así lo necesitan, vincularlas a la sociedad. Si hay un local, decir: “te ofrecemos este local para que tú comercialices, vendas algo, puedas generar ingresos, y puedas sustentarte”, o si se le puede vender una moto eléctrica, un triciclo, para que pueda tirar pasaje, es algo que nos permitiría incorporar a esa persona a prestar un servicio público y autosustentarse.
Diseñar servicios educativos, de capacitación, de posgrados, culturales y otros seleccionados que constituyan fuentes de ingresos al sector social.
Diseñar tarifas diferenciadas para los servicios de círculos infantiles. Hoy el cobro es simbólico y le cobramos lo mismo a una persona que tiene bajos ingresos que a otros que tienen ingresos superiores. Esto lo haríamos tanto para los círculos infantiles, los seminternados, en correspondencia con los ingresos de la familia.
Diseñar beneficios fiscales a los talleres donde laboran personas en situaciones de discapacidad, a fin de que se estimule que estas personas incrementen sus ingresos personales.
Ante la necesidad de avanzar en la eliminación de subsidios, se proponen las siguientes transformaciones:
Eliminar subsidios a productos, transformándolos en subsidios a personas e implementarlo gradualmente, comenzando por productos transversales a la economía que impactan en la producción y los servicios, lo que se requiere trasladar los costos reales a los precios mayoristas y minoristas.
Para garantizar la atención a las personas que lo requieran, en adición al Presupuesto de la asistencia social, se creará un fondo de protección social, como condición previa a estas transformaciones, a partir del ahorro que se genere por la eliminación de estos subsidios a los productos de las empresas, que van a poder vender a precios superiores y con ese mismo dinero que el Presupuesto se ahorra, se crea un fondo para subsidiar a las personas que así lo necesitan.
Otro de los aspectos en los que proponemos transformaciones es en el ámbito laboral y salarial, y aquí quiero detenerme:
El sector más desprotegido es el presupuestado, por eso es que la medida plantea implementar una reforma integral de salarios en el sector presupuestado, pero ello tiene un alcance superior, y explico:
Esta medida beneficia en primer lugar a un sector que abarca, el presupuestado me refiero, el 51 % de todos los trabajadores del país, que es donde se concentran incluso los sectores sociales, conquistas de la Revolución.
Es por ello que se ha decidido incrementar el salario mínimo, que hoy es de 2 100 pesos a 3 210 pesos y aunque reconocemos que aún es insuficiente, es un incremento de un 53 % a partir de las posibilidades reales que tenemos de fuentes para cubrirlo (Aplausos). Estamos hablando que esto demanda 42 500 millones de pesos, pero es un primer paso que no tenemos la menor duda de que tendrá un impacto positivo.
En su implementación se actualizan todos los grupos de escalas salariales; a partir de que se sube de 2 100 a 3 210, más de 1 000 pesos, todo eso sube en las escalas a todos los niveles de todo el sistema empresarial, que es el 51 % ciento de los trabajadores.
Esta decisión se implementará a partir del mes de julio, por lo que los trabajadores recibirán este beneficio con el cobro de su salario en el mes de agosto.
¿Por qué yo decía que el alcance es superior? Porque aunque esta medida abarca a todo el sector presupuestado, aclaramos que impactará y beneficiará al sector empresarial, ya que aunque se les han otorgado a las empresas las facultades para definir sus propias escalas y sistema salarial, a partir de ahora asumirán, como mínimo, el salario incrementado. En toda empresa que alguien tenga el salario mínimo actual, se incrementan esos salarios en un 53 %, y esto es para todo tipo de actores de la economía. Nadie puede ganar en Cuba menos que el salario mínimo. Ahora hay que implementar y revisar en todo el sistema presupuestado, e incluso en el no estatal, para que no nos quede ningún trabajador desprotegido ni que no sea favorecido por esta decisión.
Como política se propone definir –que es un elemento importante, muy transformador y queremos hacerlo todos los años– cuál es el salario mínimo del próximo año, a partir de las posibilidades del país, de la inflación.
Y, en correspondencia, definir también la cuantía de las prestaciones y pensiones de la Seguridad Social. En la medida en que se vaya subiendo, esto impactará positivamente en las pensiones, así como los incrementos salariales a partir de las tendencias de la inflación.
Con relación al sistema de pensiones de la Seguridad Social, establecer:
La eliminación del límite de la escala establecida para el pago de la contribución social del sector no estatal. El que quiera aportar a la seguridad más de las escalas actuales lo puede hacer y cuando después reciba esas prestaciones recibirá más dinero.
Que las personas que laboren en los sectores estatales y no estatales, alguien que tenga pluriempleo de manera simultánea, pueda afiliarse, contribuir a los regímenes correspondientes en cada actividad y así beneficiarse después con esas prestaciones.
Que de los 30 años mínimos de servicios exigidos para el régimen contributivo, se considere hasta un máximo de diez años si las personas los han dedicado a los cuidados familiares.
Esta medida es una, a partir de la compleja situación demográfica del país, donde se han aprobado políticas que estimulan el cuidado a las personas que así lo necesitan, por lo que quienes contribuyan a la misma, estas personas que se están dedicando a cuidar a un familiar, un enfermo, se les considerará como tiempo trabajado y con su derecho social al régimen contributivo y se les descuenta de los 30 años exigidos.
Eliminar la aprobación administrativa para el ejercicio del pluriempleo por los técnicos, profesionales de la Salud, la investigación, maestros, profesores y funcionarios que así se decida, donde por las características del trabajo que realizan algunos sectores habrá que especificar normas; esto lleva un procedimiento de implementación.
Establecer incentivos para retener la fuerza de trabajo calificada, con énfasis en los jóvenes y en las mujeres, que son una fuerte reserva de empleo en el país.
Establecer un ingreso mensual por ayuda equivalente a un salario mínimo, para su devolución posterior cuando estén trabajando, a aquellos jóvenes entre 18 y 30 años que están desvinculados del estudio o del empleo, que se vinculen a un curso de preparación, de capacitación para luego trabajar. El financiamiento, si es para trabajar después en una unidad presupuestada, lo paga el presupuesto; pero si es para trabajar en una empresa, lo asumirá esa empresa. Uno de los problemas serios que tenemos, que es esa cantidad de personas desvinculadas del estudio y del empleo, tenemos que seguir avanzando en que todos los adolescentes y jóvenes se vinculen al estudio, y aquellos que están en condiciones de trabajar, favorecer con esta medida, pagarles para que se preparen y se incorporen al empleo.
Facultar a los empleadores, en acuerdo con la organización sindical, para la concertación de jornadas laborales reducidas, y de los pagos correspondientes, para actividades profesionales –otras que no son profesionales también se incluirán–, las que se incorporan en el convenio colectivo de trabajo.
La vida nos ha demostrado, y más en las circunstancias actuales, que no tiene sentido en varios oficios tener a las personas sentadas ocho horas y que se puede lograr el resultado y cumplir su función y alcance con un acuerdo con la administración, con el sindicato sin tener esa permanencia completa.
Establecer para el sector empresarial y presupuestado que trabajadores de la propia entidad puedan realizar otras actividades profesionales, técnicas, mantenimiento constructivo, etcétera. Una persona en una oficina es economista, pero sabe de electricidad, sabe de plomería, en ese propio centro de trabajo puede ejecutar un trabajo, una reparación y se le pagaría adicionalmente a su trabajo.
Permitir el ejercicio de teletrabajo desde el exterior. Tenemos muchos casos, solicitudes de personas que por diferentes razones viajan al exterior y pueden, a partir del teletrabajo, seguir desarrollando proyectos y cumpliendo misiones de sus empleadores.
Incluir la superación en el extranjero por interés personal, asociado al perfil profesional, como causa justificada de la suspensión del cumplimiento del servicio social, por supuesto, con la conformidad del empleador. Ese muchacho se graduó, fue ubicado, pero se puso de acuerdo con el empleador, y tiene una maestría afuera que le va a permitir su desarrollo, se le considerará.
Facultar directamente a las entidades para determinar los trabajadores que cesan el vínculo laboral por motivos económicos, tecnológicos y estructurales, previa evaluación en el órgano colegiado de dirección, de común acuerdo con la organización sindical, y con el análisis en la asamblea de afiliados y los trabajadores.
Estos trabajadores que, por una decisión de la empresa, interrumpen su labor, los que están en esta condición, recibirán una protección monetaria equivalente entre un mínimo de tres y un máximo de seis veces su salario básico según el cargo que ocupan y hasta que pueda resolver esa situación.
Establecer la protección equivalente a un mes de remuneración a los trabajadores contratados por trabajadores por cuenta propia, que hoy están desprotegidos. Si un trabajador por cuenta propia tiene a alguien contratado y le dice: “no vengas más mañana”, se quedó sin protección. Con esto estarían obligados a cubrir por lo menos un mes de salario.
Un sistema que requiere una profunda modernización es el bancario y financiero, máxime para la implementación efectiva de estas transformaciones. Es por ello que proponemos:
Fomentar la participación del capital privado en la actividad bancaria. Esto incluye:
Ampliación de instituciones financieras bancarias y no bancarias por parte de empresas privadas, cooperativas e inversión extranjera con licencia de banca corporativa y universal.
La banca privada operará bajo supervisión del Banco Central de Cuba, en igualdad de condiciones regulatorias con la banca estatal.
Se permitirá el establecimiento de instituciones financieras no bancarias de apoyo al sector bancario de capital privado nacional y extranjero, para el otorgamiento de microcréditos.
Eliminar restricciones a los pagos en divisas entre negocios con capital extranjero y sus proveedores nacionales. Hoy toda la inversión extranjera que pueda acceder a un proveedor nacional, que le pague en divisas.
Permitir la apertura de cuentas en divisas por parte de personas jurídicas y naturales, sin autorización administrativa previa. Hoy es un proceso tortuoso que pasa por diferentes ministerios, se eliminaría esto.
Implantar el marco regulatorio para activos virtuales y el uso de tecnología financiera y expandir su uso para operaciones de cobros y pagos internacionales y nacionales. Crear entidades financieras exclusivas y especializadas en activos virtuales.
Actualizar el sistema de tasas de interés ajustándolo a las condiciones actuales de la economía, incluyendo los bonos soberanos.
Recuperar el papel del crédito bancario como función esencial en la economía, diversificar las garantías y definir su forma de realización, establecer estándares de límites de crédito por cliente, simplificar los procesos de aprobación y crear nuevos productos, entre otras acciones.
Emitir bonos en mercados financieros extranjeros en monedas distintas al dólar estadounidense.
Introducir nuevas plataformas que complementen el mercado financiero, prioricen el mercado de valores y el depositario central de valores.
Diseñar nuevos productos y servicios de calidad para cada uno de los sectores con apoyo a la innovación financiera.
Implantar la figura de agente de pago de última milla para formalizar los flujos de remesas a través de un canal privado.
Diseñar otras vías de capitalización de los bancos en adición a los recursos del Presupuesto del Estado.
Actualizar la estrategia con nuevo enfoque para el tratamiento de la deuda externa, teniendo en cuenta las condiciones complejas actuales.
Acelerar el procedimiento de automatización de los bancos y la reducción de los trámites asociados a los servicios que presta, un reclamo de la población.
Otorgar a Transfermóvil licencia de institución financiera no bancaria.
Culminar el proceso de eliminación de los límites en las transferencias bancarias y en la extracción por personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras. Otro reclamo, el límite de los 5 000 pesos. Abrir todo eso.
Otras transformaciones en este sector bancario y financiero están dirigidas hacia el mercado cambiario. En este sentido se propone:
Redimensionar el mercado cambiario oficial, a partir de todas estas decisiones, así como el de remesas, con la participación de actores económicos no estatales, lo que incluye otorgar licencia para operaciones de casas de cambio privadas:
Crear un mercado cambiario digital en tiempo real con agentes autorizados.
Implementar un sistema de subasta de divisas, algo que se hace en todos los países y que nosotros podemos hacerlo también, todos los actores.
Realizar devaluaciones sucesivas de la moneda nacional para reducir las diferencias de tipos de cambio. Las empresas que no soporten la devaluación serán liquidadas. Esta medida va dirigida a ya dejar atrás el 1 por 24, que ya no tiene sentido. No podemos dar saltos grandes en las tasas. ¿Por qué? Porque esto tiene un impacto en la inflación, pero se irán haciendo devaluaciones sucesivas, es decir que se irá cambiando esa tasa de 1 por 24, lo cual se va a ir acercando más a la realidad.
Esto incluye incorporar al segmento III, que es el que el Banco ofrece, con esa tasa de unos 500 pesos o un poco más: al sector diplomático, a las mipymes estatales, a la inversión extranjera que operen con formas de gestión no estatales, garantizando que no ocurra arbitraje. ¿Qué quiere decir eso? Si usted va a ir al mercado y puede allí vender dólares a 500 pesos, no puede ser que el servicio de electricidad que le están dando a esa empresa mixta sea a 1 por 24, subsidiado. Por tanto, el que acceda, que pague también su servicio y ejecute esos gastos sin subsidio.
En el caso de las empresas, que queremos poner en igualdad de condiciones, irán concurriendo libremente para la venta, y de manera controlada para la compra en los diferentes mercados de divisa.
Crear instituciones financieras no bancarias estatales y privadas que se dediquen a la canalización de flujos financieros, incluyendo las remesas, a través de operaciones cambiarias.
Establecer ventanillas únicas de cambio para todos los actores económicos, según se decida.
Ampliar el objeto social de institución financiera no bancaria que ofrezca el servicio de fiducia para la administración de fondos de la cooperación internacional.
La descentralización de facultades y el fomento y consolidación de actores en la economía exigen acometer transformaciones en el sistema tributario:
Para ello, se pretende perfeccionar la imposición al consumo mediante la implementación gradual del impuesto sobre el valor agregado, conocido como IVA. Se iniciará por determinadas cadenas de producción-consumo y contemplará tipos impositivos reducidos a productos de la canasta de bienes y servicios.
Lo anterior solucionará gradualmente la distorsión de aplicar impuestos al mismo producto en toda la cadena productiva y comercial.
Establecer la factura electrónica fiscal con incentivos que promuevan su asimilación por parte de los contribuyentes.
Aplicar una bonificación al impuesto sobre las ventas y servicios en función de los niveles de las ventas bancarizadas. Hay todo un programa de actualización de la bancarización, un proceso necesario, pero que no ha funcionado bien, y por eso se incorporan transformaciones que incentiven el uso de las ventas bancarizadas.
Reducir la carga fiscal del sector empresarial por concepto del impuesto sobre utilidades, con el objetivo de incrementar sus capacidades de crecimiento e inversión. Ampliar la base imponible eliminando deducciones especiales no justificadas económicamente y reduciendo el riesgo de la evasión fiscal.
Establecer un impuesto sobre ingresos brutos a las empresas que se declaren en pérdidas por más de dos años. Esto ha ido creciendo, incluso muchas mipymes que se declaran en pérdida no pagan impuestos, y a eso hay que ponerle un coto y que habría que cobrar un impuesto especial o liquidarla.
Aplicar un tipo impositivo reducido de impuesto sobre utilidades para el sector agropecuario, es decir, seguir facilitando y estimulando la producción.
Simplificar el cálculo y pago del impuesto sobre utilidades, eliminando el término de la utilidad per cápita, lo que implica aplicar el impuesto a los socios de todo tipo de cooperativas.
Diseñar un régimen de depreciación acelerada para la adquisición de maquinarias, tecnologías de producción de alimentos y procesamiento industrial que favorezca la recuperación de estas inversiones.
Disminuir la carga financiera de las entidades determinada por el aporte del rendimiento de la inversión estatal, condicionada para su uso en el desarrollo y capitalización. Este es el analizado y reclamado 60 % del sistema empresarial que se considera que es alto. La medida va dirigida a disminuir esa carga financiera, pero que lo que va a retener sea condicionado para el uso en el desarrollo de las propias empresas y su capitalización.
Aplicar incentivos fiscales a los actores económicos estatales y no estatales que financien inversiones en el sector social. Ahorita nos referimos a aquellos que instalen paneles solares, etcétera; pero aquí sería cualquier forma de gestión que decida contribuir a la reparación de una escuela, un hospital, le damos la posibilidad de que esos gastos se les descuenten de sus impuestos.
Actualizar el impuesto sobre ingresos personales en correspondencia con el actual escenario inflacionario mediante los siguientes ajustes:
Modificar la escala progresiva para la liquidación y pago anual del tributo. Reducir el número de escalas para homogeneizar la aplicación del impuesto.
Incrementar el mínimo exento hasta el nivel del salario medio del país al cierre del año 2025. De otra manera, hoy los salarios no son altos y, sin embargo, el impuesto sí. Con estas medidas se reducirá el impuesto sobre los ingresos personales.
Retomar el régimen simplificado de tributación sobre las actividades de menor complejidad, con un sistema de ajuste automático, según los niveles de ingresos brutos anuales, facilitando que la Oficina Nacional de Administración Tributaria centre sus mayores esfuerzos y control en los contribuyentes de mayor escala, de mayores ingresos y aportes.
Incrementar las cuantías fijas de los siguientes tributos:
El impuesto sobre el transporte terrestre, según el tipo de vehículo, su valor, combustible, entre otros aspectos: impuesto sobre embarcaciones; impuesto sobre documentos; los impuestos ambientales; la tasa de radicación de anuncios comerciales.
Diseñar tarifas arancelarias e incentivos que favorezcan los procesos productivos nacionales y la importación de materias primas, materiales, tecnologías y equipamiento para el uso de fuentes renovables de energía. Todo aquel que importe materias primas, tecnologías para producir más en el país, para desarrollar el país hay que darle más incentivos.
Uno de los asuntos de mayor impacto en la población sigue siendo los precios, por lo que, como han podido apreciar, en estas propuestas de transformaciones, sobre todo en las relacionadas con los actores económicos, con la actividad productiva, se incluyeron transformaciones específicas asociadas a los precios.
Adicionalmente se considera descentralizar la facultad de aprobación de precios y tarifas a las empresas y a las administraciones territoriales y locales. El Gobierno central no va a seguir aprobando precios topados.
Eliminar la formación de precios por el método de gastos y establecer para su formación el precio de referencia del mercado o por correlación, marcando su posición en la cadena de valor.
Pasemos a las transformaciones en la inversión extranjera, sector en el que se vienen implementando medidas de incentivos para una mayor inserción en la economía. Se proponen como nuevos incentivos las transformaciones siguientes:
Estimular la participación de inversión extranjera en empresas privadas, hasta ahora no permitido. Es decir que puede haber una empresa extranjera que haga una mixta con una mipyme o una empresa privada, así como contratos de asociación económica internacional u otras de las formas permitidas.
Extender el límite de otorgamiento de derechos de superficie hasta 99 años. Ha estado hasta ahora limitado, los inversionistas dicen: vengo a invertir a Cuba, es complejo, después cómo recupero la inversión. Bueno, ya estamos ampliando ese límite hasta 99 años, así como el derecho de usufructo por más de 50 años para esta inversión extranjera.
Permitir que los negocios con capital extranjero, en cualquier modalidad, puedan abrir cuentas bancarias en el exterior, que hoy es un trámite excluyente, sin necesidad de autorización. En todos los casos, es lógico que se debe notificar al Banco Central de Cuba y a la Oficina Nacional de Administración Tributaria para que se paguen los tributos que correspondan.
Permitir que los negocios inmobiliarios puedan realizar operaciones de compraventa de unidades residenciales. Hoy hay actividades inmobiliarias en el país que solamente tienen permitido arrendar o alquilar, y no a vender, con esto se da esta flexibilidad.
Eliminar el uso obligatorio de entidades empleadoras para seleccionar y contratar al personal, ya no habría límite, una empresa extranjera puede contratar libremente a sus trabajadores sin que medie un tercero.
Permitir que la inversión extranjera disponga de sus ingresos en divisas, opere con flexibilidad en un entorno de dolarización parcial de la economía y permitir su acceso al mercado cambiario.
Reducir la documentación, los plazos, así como descentralizar la aprobación de la inversión extranjera, lo que incluye aplicar el silencio administrativo positivo, es decir, flexibilizar toda esa tramitología y todas esas consultas, y al que se le consulte y no responde, se considera que está de acuerdo.
Esto último, y me refiero al silencio administrativo positivo, será aplicado en todos los procesos de permisología en el país, relacionados con la expedición de licencia para las actividades económicas, financieras y comerciales, con efecto directo en la actividad registral.
Permitir la inversión extranjera en La Habana Vieja y otras zonas patrimoniales que hoy no está permitido.
En el ámbito del comercio exterior se ha concebido transformar su gestión, para ello se propone:
Fomentar las exportaciones de bienes y servicios que, mediante la descentralización de facultades de exportación, incentivos diferenciados e integración productiva con el capital extranjero, elevan el valor total para lograr una balanza comercial de bienes y servicios superavitaria de forma sostenida. La intermediación actual de las empresas estatales importadoras ha demostrado que es un mecanismo burocrático e ineficiente en la mayoría de los casos. Por tanto, hoy se podrá autorizar que todas estas formas de gestión puedan importar directamente.
Aplicar el principio de nomenclatura negativa para las empresas que realizan comercio exterior, incluyendo la inversión extranjera. En vez de decir qué es lo que está pidiendo, tú puedes esto, puedes lo otro… No: una lista de qué cosas usted no puede importar, lo demás puede hacerlo.
Permitir que las empresas privadas y cooperativas realicen directamente actividades de comercio exterior, previa autorización del Ministerio. Es lo que expliqué ahorita, que todas las empresas privadas y cooperativas puedan exportar e importar directamente.
Aprobar que las instituciones científicas puedan vender marcas y patentes en el mercado internacional.
Otro asunto que genera lógica preocupación es la dolarización parcial de la economía, que sigue siendo necesaria en estas circunstancias. Es por ello que se requiere:
Ampliar el alcance de esta dolarización parcial en las operaciones interempresariales y comerciales acorde a la situación actual.
Modificar la actual concepción de los esquemas cerrados en divisas, es decir, de autofinanciamiento, hacia otra fórmula que sería un esquema de aporte a partir de las transacciones en divisas de cada una de las empresas.
Por otra parte, uno de los sectores más impactados por el bloqueo recrudecido es el turismo, que ha tenido que paralizar sus operaciones en la mayoría de los polos turísticos y recientemente se han aplicado sanciones secundarias que generaron el retiro del país de cadenas hoteleras internacionales. Por ello proponemos:
Adicionar a las modalidades de negocios ya existentes en el turismo, que es la empresa mixta y los contratos de administración, para todas las actividades turísticas, los arrendamientos, el otorgamiento de derechos reales de usufructo con carácter oneroso, la concesión de áreas con activos o en desarrollo en diferentes regiones del país, y la venta de inmuebles. Para esto último, sobre la venta de inmuebles, se requerirá una aprobación caso a caso, y todas estas aprobaciones serían tanto para los inversionistas extranjeros, los cubanos residentes en el exterior y también los cubanos residentes en el país.
Incluir en la Cartera de Oportunidades de Negocios determinadas áreas del país que así se decidan como Zonas de Desarrollo Económico, donde se establezcan regímenes especiales de incentivos.
Permitir la aplicación de todas las modalidades de negocios en los cayos, que hoy está limitada; en otras zonas patrimoniales, como ya expresamos, La Habana Vieja, Trinidad; así como en todos los destinos turísticos del país donde estos modelos sean beneficiosos para el sector y requieran de inversión extranjera para su desarrollo.
Permitir el desarrollo inmobiliario también en todas las zonas turísticas del país, donde se requiera este tipo de negocios.
Establecer la posibilidad de desarrollar negocios de naturaleza inmobiliaria en zonas de la ciudad de La Habana, que hoy tampoco está permitida, y en otras zonas urbanas del país vinculadas a la actividad turística, sin más límites que lo que esté establecido.
Permitir la modalidad de empresas mixtas y arrendamiento para la negociación de las marinas turísticas, que también ha tenido límites.
Aprobar para todos los actores económicos beneficios tributarios y fiscales para proyectos de ecoturismo y otras modalidades de turismo especializado, con el objetivo de atraer inversión extranjera y diversificar el desarrollo turístico sostenible y responsable.
Crear un banco corporativo online para el sector turístico con vínculos en el exterior y que promueva los servicios de activos virtuales.
Con ello se autorizarían los guías de turismo y agentes de ventas privados, previa certificación y autorización por el alto nivel de especialización que lleva esta responsabilidad.
Aprobar gestores de destinos locales que sean capaces de integrar a todos los actores y garantizar que el modelo de gobernanza mixta funcione eficientemente. Hay varias regiones del país: Viñales, Trinidad, otras, donde ya hay mucha actividad turística estatal y en algunos lugares supera la privada, y se requieren gestores que integren todo ese producto turístico.
Se propone evaluar el cobro de un impuesto especial que hoy no existe en el país o contribución para todos los que hagan turismo en una de estas zonas, en uno de estos polos y destinarlo a la sostenibilidad, a la promoción e imagen de los destinos turísticos.
Hoy varias gentes han invertido en los polos, tienen casas de renta, restaurantes, todo; sin embargo, la promoción del destino, el gasto lo tiene que hacer el Estado, el Ministerio del Turismo: la recogida de desechos, la sostenibilidad de todas las infraestructuras. Esto en todos los países existe, en México existe, donde las instituciones turísticas tienen que aportar para la promoción y la sostenibilidad de ese polo, ese destino turístico.
Promover las franquicias de marcas cubanas en el exterior como una vía de generar ingresos, o sea, llevar fuera de Cuba las Casas Cuba, que es un producto donde está la presencia de todas las potencialidades cubanas, culturales, artesanía, productos, etcétera. Las Casas del Habano, la Bodeguita del Medio donde ya existen otros países donde hay franquicias que son del turismo y se cobran por ello, y que existe tanto la Bodeguita del Medio, el Floridita, Tropicana, entre otros.
Otro de los sectores en el que proponemos transformaciones es en el transporte:
Para ello se propone eliminar la restricción establecida para la adquisición de vehículos por los diferentes actores económicos, así como los plazos establecidos, estimulando la movilidad eléctrica fotovoltaica, incluyendo las personas naturales.
¿Qué quiere decir eso? Hay un límite de hasta seis vehículos. Hay mipymes que han crecido, necesitan transportar mercancías, materias primas, pasajes, y les decimos: no pueden comprar, no pueden importar más transporte. Por lo tanto, se promueve esto, pero dentro de ello se estimula, se les quitan aranceles e impuestos a los que importen los vehículos eléctricos.
Adicionalmente, para las personas naturales que hoy pueden, sin que medie una importadora, enviar directamente desde el exterior una moto, un triciclo incluso, que también puedan adquirir un auto eléctrico y lo puedan enviar directamente al país. Y, por supuesto, si viene acompañado con todo el sistema de energía renovable, será liberado del pago de impuestos y aranceles.
Permitir la importación directa con carácter comercial, que hoy no se puede hacer, para el ensamblaje y la comercialización de vehículos eléctricos de las clases de ciclomotor, motocicletas y triciclos, a las personas jurídicas, puede ser del Estado o pueden ser empresas privadas. Siempre que se acompañe con su correspondiente estación de carga con fuente renovable de energía, se exonerarán del pago de los impuestos.
Pero hoy hay, incluso, varios actores económicos, mipymes que han dicho: yo puedo traer contenedores de motos, triciclos desarmados para ensamblarlos en Cuba, que puede ser encadenado con una empresa estatal incluso. Pero permitirles que ellos lo vendan, que lo comercialicen a cualquier persona natural, jurídica, etcétera.
Pasemos ahora a las transformaciones en el comercio, la gastronomía y los servicios, sector que ha venido experimentando profundos cambios con la participación mayoritaria de otras formas de gestión no estatal.
Teniendo en cuenta lo anterior, se aconseja:
Modificar la política sobre la gestión administrativa estatal del comercio, la gastronomía y los servicios, dando prioridad a las formas de gestión no estatal y a las modalidades de inversión extranjera para el fomento, desarrollo y gestión de estas actividades.
Reordenar el comercio mayorista priorizando la creación de mercados de abastos con acceso directo de personas naturales y jurídicas. No poner límites a los actores que realicen esta actividad.
Crear cadenas de tiendas, de restaurantes, redes de gastronomía ligera de marcas reconocidas u otras que se creen aquí, que se extiendan por todo el país. Una mipyme o alguna inversión extranjera que quiera hacer una red de restaurantes, de cafeterías, hamburgueserías, cualquier servicio, se le va a permitir en aras de ampliar los servicios a la población.
De igual manera, invitar a franquicias extranjeras de alimentos ligeros, que existen muchas en el mundo, a que puedan invertir en Cuba y expandir sus cadenas en el territorio nacional.
Licitar parques recreativos, zoológicos, acuarios, áreas protegidas y unidades de alojamiento, a empresas estatales, extranjeras, privadas y cooperativas, fijando las condiciones para su explotación, incluyendo el servicio a la población, para lo cual se debe garantizar un servicio en moneda nacional, aunque se le autorice vender una parte en divisas. Pero tenemos la necesidad de incrementar los actores que participen en la gestión de estas instituciones recreativas y de servicios, que hoy no están en las mejores condiciones.
Formalizar en las comunidades los vendedores en diversas modalidades que existen, con ello habilitar el carné de vendedor ambulante y aplicar un régimen simplificado de impuestos. Es una figura que existe, habría que reconocerla.
Estimular las compras públicas mayoristas y minoristas, utilizando como capital de trabajo el fondo presupuestario de compras públicas y créditos bancarios.
Crear un sistema automatizado digital, auditable y público para la licitación de locales y activos a todos los actores económicos. Esto es clave, con esta apertura a nuevas formas de gestión es necesario que el proceso de licitación y entrega sea transparente, justo, que realmente el Gobierno gane para poder invertir en todos sus programas sociales y que esto sea auditable y que sea transparente.
Transitar de la canasta familiar normada a las ventas controladas sin subsidio en la red de comercio. No abandonamos, no renunciamos a la canasta familiar normada, pero las condiciones actuales nos han impuesto límites con las afectaciones conocidas en la garantía de las entregas mensuales de los productos. De todas formas, no solo aquellos productos que se van pudiendo adquirir, sino aquellos que se producen en el país, no podemos venderlos subsidiados, pero sí por lo menos vamos a garantizar que se vendan controlados para que todas las familias tengan acceso a los mismos.
La política de seguros requiere igualmente de transformaciones en el contexto actual, por ello proponemos:
Reconocer la rentabilidad de los recursos financieros que se movilizan en la actividad de seguros. El seguro va generando ingresos, tiene ingresos inmovilizados y que pueda hacer ingeniería financiera con los mismos.
Crear el seguro de vida con carácter complementario a las protecciones de la Seguridad Social. Ello implica ampliar el concepto de ese seguro, que usted pueda asegurarse no solo para el día que tenga un accidente, sino incluso para cuando se retire pueda, aparte de la pensión, cobrar un seguro de vida para poder descansar.
Dinamizar la comercialización de pólizas de seguro en divisas, en protección de riesgos sobre transporte, viajes, etcétera. Son personas que tienen la posibilidad de comprar transporte en divisas, de viajar al exterior y que esos seguros se paguen en divisas para poder cubrir esas pólizas.
Regular con carácter obligatorio el seguro de responsabilidad civil. Todo el que conduce un vehículo tiene que estar asegurado para poder garantizar la responsabilidad civil.
Un ámbito de importancia cardinal y que es además uno de los pilares de la gestión de Gobierno es la transformación digital. Incluimos aspectos relacionados con la inteligencia artificial y la economía del conocimiento, entre ellos se propone:
Crear un nodo tecnológico nacional de software y hardware e inteligencia artificial.
Establecer el marco nacional de interoperabilidad obligatoria, gobernanza de datos y base nacional para la inteligencia artificial.
Utilizar la inteligencia artificial en la administración pública, con supervisión humana y equidad territorial.
Aplicar un sistema de remuneración competitivo que tribute al impulso de la exportación de servicios profesionales en tecnologías digitales e inteligencia artificial. Tenemos grandes profesionales, hoy incluso en empresas estatales, pero su salario no está en correspondencia con la media en otros sectores no estatales y por tanto hay que resolverlo.
Permitir la inversión extranjera en la ampliación de las capacidades de los centros de datos de Etecsa.
Permitir al sector privado brindar servicios de centros de datos que no alojen plataformas de gestión de infraestructuras críticas del país.
Permitir la fabricación de equipos, así como instalación de redes móviles, fijas, comercialización triple play, centros de datos, servicios de nube, telefonía IP y centros de contacto.
Establecer una plataforma digital con el uso de inteligencia artificial para el sistema de compras públicas y las licitaciones, que garantice transparencia, seguridad, que incluya clasificación de riesgos.
Permitir gestión mixta de infraestructura postal y logística de última milla.
Y reconocer el dato como el quinto factor de producción junto a la tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial. Ello implica que se considere el dato como recurso económico no renovable y con capacidad de generar riqueza.
El sistema estadístico nacional exige ser modernizado en correspondencia con estas transformaciones:
Hemos concebido diseñar un sistema estadístico que se ajuste a las transformaciones económicas y sociales.
Culminar el cambio de año base de las cuentas nacionales.
Retomar la construcción de los índices de precios al productor, los de comercio exterior y mantener el del consumidor unido a los productos derivados de los precios observados.
Compañeras y compañeros:
Lo planteado hasta aquí requiere una profunda transformación en los mecanismos de control e inspección por su importancia y transversalidad, por lo que se aprobó:
Crear un grupo de trabajo que conducirá el Comité Central del Partido e integrado por las diferentes instituciones vinculadas con estos temas del control, a fin de analizar todo lo establecido en materia de control y hacer las propuestas de transformaciones para su diseño, así como el fortalecimiento de las estructuras que participan en el mismo.
Otro asunto de alta complejidad que se ha tenido en cuenta es la creación de un grupo de trabajo por el impacto de estas transformaciones en el ordenamiento jurídico, para lo cual se realizó la evaluación de todas las normas jurídicas publicadas en la Gaceta Oficial de la República a partir del año 2019 y se seleccionaron otras normas vinculadas a las temáticas que aquí se proponen.
Como complemento se aplicaron herramientas de inteligencia artificial cuyo resultado fue supervisado por la dirección de la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo y el Ministerio de Justicia, definiéndose en principio que las propuestas que se hacen aquí están referenciadas en nueve artículos de la Constitución de la República, concluyéndose en principio que no requieren ser objeto de modificación de la Carta Magna.
De manera preliminar se identificó que la implementación de las transformaciones implica e impacta a más de 148 disposiciones del ordenamiento jurídico cubano, quince normas que habría que derogar, veintidós normas por modificar totalmente, 79 normas por modificar parcialmente, más de 50 normas complementarias, resoluciones, etcétera.
Adicionalmente, será necesario elaborar 32 nuevas normas de rango superior: diez leyes, catorce decretos-leyes y ocho decretos.
Este asunto ha sido objeto de análisis a fin de garantizar las fórmulas que permitan que este proceso se conduzca por la dirección de la Asamblea Nacional, dentro del marco establecido y las facultades de este órgano, para poder avanzar en la implementación de estas transformaciones ante la urgencia del momento.
Diputadas y diputados:
No podría concluir sin antes ratificar que la defensa de la patria socialista constituye la primera prioridad. Estas transformaciones debemos acometerlas sin descuidar esa premisa, conscientes de la enseñanza de que quien descuida ese principio no sobrevive al error.
En efecto, las propuestas de transformaciones económicas y sociales conciben profundos cambios en correspondencia con el Programa Económico y Social del Gobierno 2026, responden a las condiciones objetivas de la economía y la dinámica sociodemográfica de la actualidad.
Ambos documentos, estas propuestas y el Programa de Gobierno, son complementarios, lo que se refuerza al comprobarse que el 76 % de estas transformaciones tiene total correspondencia con el contenido del Programa y el resto amplía su alcance.
Integran simultáneamente transformaciones del tejido empresarial, mayor apertura al capital privado nacional y extranjero, modernización bancaria, coherencia entre reforma cambiaria, bancaria, de precios y tributaria, pragmatismo técnico en el tratamiento de la dolarización parcial, la descentralización territorial y redimensionamiento de la Administración Central del Estado.
Las transformaciones no implican renunciar a la responsabilidad social del Estado y conciben un reconocimiento de los mecanismos de mercado como instrumentos de asignación eficiente de los recursos.
Se han identificado como retos para la conducción política, en armonía con la disciplina técnica que exigen las transformaciones: la elaboración de una secuencia operativa de implementación, un correcto cronograma; la capacidad y comprensión institucional en áreas clave; la protección social; la legitimación política, jurídica, participación ciudadana, así como la mitigación de los riesgos e impactos del entorno geopolítico.
En el proceso de implementación se presentarán algunas contradicciones a resolver que las hemos tenido en cuenta: la dolarización parcial y su impacto en la devaluación; la eliminación de subsidios y su relación con los precios, para lo que se requiere una protección social efectiva; la descentralización de competencias sin la capacidad de los municipios para asumirla, y la liberación de precios agrícolas sin una producción suficiente o incrementada.
En la medida en que se requiera se irán analizando modelaciones previas para definir riesgos y mitigar los impactos negativos, es decir que esta propuesta no es rígida. En el proceso de implementación de las transformaciones se mantendrá el control y se adoptarán las acciones correctivas, así como un sistema de aprendizaje para los principales cuadros y ejecutivos.
Resaltan propuestas para enfrentar la crisis, que abren una ventana transformadora que, de no implementarse en estos momentos, pueden generar consecuencias irreversibles en el orden político y social.
Quiero reiterar que estas transformaciones no constituyen una desviación del proyecto socialista, por el contrario, responden a la lógica propia de su desarrollo. Cuba se encuentra en el periodo histórico de la construcción del socialismo, guiado por las ideas de Fidel y Raúl.
Como dijera el General de Ejército, estas propuestas parten del principio de que la actualización del Modelo Económico y Social tiene como propósito esencial mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas, donde cada cubana y cubano aporte lo mejor de sí a la construcción del socialismo próspero y sostenible que merece nuestro pueblo.
¡Viva Cuba Libre! (Exclamaciones de: “¡Viva!”)
¡Vivan Fidel y Raúl! (Exclamaciones de: “¡Viva!”)
¡Patria o Muerte!
¡Venceremos! (Exclamaciones de: “¡Venceremos!”)
Muchas gracias (Aplausos).
Soberanía, plataforma de información y servicios del Gobierno cubano
(Tomado del
periódico Granma
)
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